En la Plataforma VIDAS estamos innovando para conseguir un modelo de cuidados que tenga en cuenta la mirada feminista. Esto supone proteger especialmente los derechos de las mujeres institucionalizadas, pero también recordar el papel de las cuidadoras y su valoración profesional, de las familiares, o de las líderes comunitarias que tejen redes de apoyo en barrios y pueblos.

En España, algunas instituciones dedicadas a los cuidados de larga duración como las residencias para personas mayores acogen, en cifras del IMSERSO, a un 71% de mujeres. Sin embargo, en el caso de los centros y albergues de atención a personas en situación de sinhogarismo, según el INE, ellas representan el 23,3%. Más allá de las estadísticas, el nuevo modelo que está impulsando el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 se enfrenta al reto de incorporar la perspectiva de género en su apuesta por la desinstitucionalización.

Desde hace años, HOGAR SÍ denuncia las altas tasas de violencia sexual sufridas por las mujeres en situación de calle y dentro de las redes de atención. En su opinión, es “urgente avanzar hacia modelos de respuesta que apuesten por la desinstitucionalización, las soluciones basadas en vivienda y el respeto por la autonomía y las decisiones de las mujeres”.

La Fundación Raíces celebraba hace escasas semanas una decisión judicial que reconocía que se habían vulnerado los derechos de una madre al separarla de sus hijas mellizas. El sistema de protección de la infancia necesita unos servicios sociales de atención primaria fuertes, capacitados y bien dotados, con herramientas de valoración del riesgo para garantizar la protección de los menores de edad. Al tiempo, hay que analizar cómo un reciente cambio legislativo que establece vías de reclamación más ágiles le da seguridad jurídica a padres y madres de origen cuando se produce una declaración de desamparo.

Un reciente estudio de Plena Inclusión reivindica los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres con discapacidad intelectual. Señala que más de la mitad no tiene pareja, y que de las mujeres que tienen pareja muy pocas viven con ella. También ha identificado que 8 de cada 10 no tiene relaciones sexuales y que solo 6 de cada 100 mujeres entrevistadas tiene hijas o hijos.

Con motivo del 8M de 2023, la Fundación Pilares programó un taller sobre soledad no deseada en mujeres mayores. Este monográfico de su escuela de atención integral centrada en la persona pone el foco en un desafío enorme que también se vincula con el papel de la comunidad en el acompañamiento a las personas de edad.

Todas estas realidades e iniciativas demuestran la discriminación que sufren miles de mujeres como consecuencia de un modelo cercano a la institucionalización. Pero hay que ir más allá y analizar cómo el sistema de cuidados, en lo familiar y lo profesional, reproduce desigualdades de género.

Desde hace décadas la socióloga española Mª Ángeles Durán lucha por contabilizar las horas que nuestras sociedades dedican a los cuidados. Gracias a su empeño, hoy el INE establece que el trabajo no remunerado de los hogares (mayoritariamente ejercido por mujeres) equivale a 28 millones de empleos. A nivel global, la OIT eleva esa cifra a 2.000 millones de puestos, de los que un 76% están siendo asumidos por mujeres. Después de medir esa realidad, el siguiente horizonte lo propone la Agenda 2030, que en su meta 5.4. solicita “Reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no remunerados mediante servicios públicos, infraestructuras y políticas de protección social, y promoviendo la responsabilidad compartida en el hogar y la familia, según proceda en cada país”.

Sin duda, las implicaciones en el sistema económico y social de una revisión del modelo de cuidados de personas dependientes, tuteladas o con necesidades especiales forma parte del proceso de desinstitucionalización.

También se relaciona con el sector de las trabajadoras domésticas, mayoritariamente formado por mujeres migrantes, que recientemente logró que el estado español ratificara el Convenio 189 de la OIT. Un tratado internacional que amplía el reconocimiento de algunos de sus derechos. Y por último, plantea retos en el ámbito familiar, donde las madres, hermanas e hijas históricamente asumían tareas que fueron desplazadas a las instituciones, pero que en ningún caso pueden regresar a sus hombros con la actual propuesta. La apuesta por la desinstitucionalización se centra en el fortalecimiento de los servicios públicos y en las comunidades (barrios, pueblos…) como espacios en los que la sociedad se haga corresponsable de quienes más lo necesitan. 

Muchos de los proyectos piloto de la Plataforma VIDAS están prestando atención a esa realidad. Desde ‘Comunidades de Cuidados’ realizaron un diagnóstico social en materia de cuidados, envejecimiento y dependencia en Muñoveros (Segovia) y Maranchón (Guadalajara) que señalaba «la necesidad de un espacio de encuentro y cuidados para personas mayores, sirviendo así mismo de respiro para las cuidadoras informales”. 

Como vemos, los retos para incorporar una mirada feminista al proceso de aprendizaje colectivo de la Plataforma VIDAS son infinitos y afectan a múltiples dimensiones de la vida de las mujeres.

Quizás una de las claves tiene que ver con fomentar la participación social y los espacios de escucha de las protagonistas de este tránsito, tal y como planteó el evento de presentación de la Estrategia estatal del pasado 8 de febrero. Os dejamos esa mesa redonda protagonizada por cuatro mujeres que están ejerciendo su derecho a decidir dónde, cómo y con quién vivir.